La Constitución Española garantiza la protección de datos como un derecho fundamental.

Además, este derecho se expresa en la posibilidad del ciudadano de controlar los datos relativos a su propia persona. Igualmente, la protección de datos engloba el derecho de oposición del ciudadano al uso para otros fines de aquel que justificó su obtención. Por consiguiente, también acoge la posibilidad de control del uso de los datos en programas informáticos.

¿Cómo obtiene Internet nuestros datos personales?

Con la recogida de datos que realiza en diferentes escenarios. Estos podrían ser: formularios, perfiles de Facebook, Whastapp, Instagram, etc. Por esa razón, estamos ante una amplia red, esencial para las empresas. En efecto, los datos sirven para realizar campañas comerciales, apuntar a un público objetivo, o para escoger un posible trabajador.

La recogida de datos controlada intenta evitar el uso potencialmente invasor que pueda tener en la vida privada del ciudadano. Todo lo dicho, incluso cuando hubiera fines legítimos y un contenido neutro. Por ende, el principio cardinal de la protección de datos es la congruencia y la racionalidad de su uso. Y estos principios conectarán con la información personal que se recaba y el legítimo objetivo para el que se solicita.

En otras palabras, existe una conexión directa con la prohibición tajante del uso de datos distintos de los que motivaron su recogida. Pero, además, se exige una tutela reforzada de datos sensibles.

¿Hay un verdadero control de nuestros propios datos personales?

Hemos llegado a un punto en que todo está en la red. La mayoría de personas en el mundo tiene conexión a Internet e interactúa con alguna red social. El descontrol es grande y, por tanto, las autoridades europeas están aumentando los sistemas de control.

Aun así, en España, el derecho del ciudadano a controlar sus datos personales y la capacidad para disponer y decidir sobre los mismos es un derecho fundamental amparado por la Constitución. Además de ser un derecho fundamental, es un derecho básico y ordinario al que todos nos tenemos que habituar. Un ejemplo de la cotidianidad de este derecho es que cualquier organismo que pueda ser responsable de ficheros o tratamientos tiene la obligación de cumplir los principios aplicables al tratamiento de los datos personales.

Actualmente, todos esos principios y obligaciones que se imponen a los responsables de ficheros o tratamientos están regulados en la LOPD (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre) y el Reglamento que la desarrolla (Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre) y que derivaban de la Directiva 95/46/CE relativa al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.

No obstante, a partir del 25 de mayo de 2018 entra en vigor el Reglamento UE 2016/779 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD). Por tanto, esta será la regla básica en la que las leyes sobre la materia tendrán que desarrollar la protección de datos en el territorio europeo.

En pocas palabras, el derecho a la protección de datos ya estaba amparada por la Constitución española.

Desde la fecha de aprobación de la CE hasta hoy han pasado muchos años y el cambio tecnológico exige la creación del Reglamento Europeo de Protección de Datos. En mi opinión, no debería existir solamente en Europa sino a nivel mundial. Debemos entender que la protección de datos es un derecho fundamental globalizado.